Un hombre denunció que le pagó $1.500.000 (en varias partes) ya que le había prometido tramitar la incorporación de su hija a la Policía de Tucumán.
Policiales 26 de abril de 2024
Bajo la Lupa Noticias
En una medida de allanamiento concretada este jueves en la localidad El Chañar, los efectivos de la División de Cibercrimen secuestraron un teléfono celular en una causa que se investiga a una empleada policial por una estafa cometida por un supuesto ingreso a la fuerza.
La causa se inició el 5 de abril pasado, cuando un hombre, oriundo de la provincia de Santiago de Estero, denunció que le pagó un total de $1.500.000 en distintas oportunidades a una empleada policial que le había prometido tramitar la incorporación de su hija a la Policía de Tucumán.
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Tras la denuncia, un equipo de esta División, perteneciente al Departamento Inteligencia Criminal D-2, inició una intensa investigación y constató que se trata de una empleada policial, quien realizaba publicaciones con referencias al ingreso de la fuerza provincial.
Durante la pesquisa, el denunciante aseguró que los pagos tenían como destino la supuesta compra de uniformes y armas que serían entregados en el momento del ingreso de su hija a la fuerza, de acuerdo a las promesas de la persona investigada.
El Chañar
Es así que este jueves, los efectivos allanaron la vivienda de la acusada, ubicada en la localidad El Chañar, departamento Burruyacú, por orden de la jueza Isabel de Los Angeles Méndez, y por requerimiento de la Unidad Fiscal de Investigaciones Especializada en Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad I, logrando el secuestro del aparato móvil de la mujer policía.
En tanto, mientras avanza la causa judicial, desde la Policía confirmaron que en forma paralela se realizarán las actuaciones administrativas de rigor.
La medida judicial fue dirigida por el jefe de la División de Cibercrimen, comisario Norberto Argañaráz, y supervisada por el jefe del D-2, comisario mayor Omar Soria.
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El Binomio, certificado y miembro del Registro Nacional de Binomios de Búsqueda y Rescate de Personas con Perros del Ministerio de Seguridad de la Nación, participaba de la búsqueda y rastrillajes convocado por la fiscalía que interviene en la causa.
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La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad dio dictamen favorable a la aplicación de una suspensión del juicio a prueba en favor del imputado. Realizará trabajos en una parroquia y pagará la suma de $2.400.000 a los damnificados.
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